Tras un seguimiento en los últimos 16 meses, la Fiscalía y el Dijín de la Policía, desplegó un megaoperativo en el país, para desarticular una banda delincuencial dedicada a la extorsión y demás delitos a víctimas en varias naciones que solicitaban créditos por medio de aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store, promocionadas a través de cuentas en redes sociales en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México.
Según investigación de las autoridades, en 2019, la organización criminal -en la que una de sus jefes era una ciudadana china que había llegado al país en 2017– creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers.
Precisamente en esto último, encontraron que cerca de 500 personas fueron contratadas, donde incluso tenían oficinas internacionales en la que cobraban a extranjeros. “El proceso investigativo contó con la participación de peritos contables y en informática forense, que permitió aplicar medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos”, aseguró la autoridad judicial.
La modalidad de esta red criminal, consistía en ofrecer préstamos con tasas de interés hasta del 60 % -violando los topes de la Ley-. Si sus más de 1.365 víctimas no pagaban a tiempo los 5 o 10 de cada mes, las amenazas de asesinarlos y torturarlos, llegaba. “Te voy a coger a tiros, te voy a mandar en bolsitas, voy a difundir la información de tu celular a todos tus contactos”, fue uno de los mensajes de texto que enviaban y que conoció Rcn.
“La organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior”, señalaron las autoridades.
Las 8 personas capturadas en Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca), fueron judicializados por acceso, abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.